INFORME “PROMESAS EN EL PAPEL, IMPUNIDAD DIARIA: LA EPIDEMIA DE TORTURA EN MÉXICO CONTINÚA” DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

El informe, “PROMESAS EN EL PAPEL, IMPUNIDAD DIARIA: LA EPIDEMIA DE TORTURA EN MÉXICO CONTINÚA”, de Amnistía Internacional fue elaborado tras la campaña que la misma organización lanzó en el 2014 en la que México formó parte de los cinco países a vigilar en torno al uso de tortura como práctica sistemática. Dos años después, se ha encontrado cómo este método persiste como principal herramienta durante procesos penales en el país. En un escenario en donde los registros oficiales son deficientes y las innovadoras legislaciones al respecto no tienen resultados tangibles, se hace muy evidente que las obligaciones del Estado no están siendo acatadas. Como bien menciona el título del informe, aunque existen recursos no hay medidas que hagan la solución al problema efectiva. 

Acorde a los datos del informe, las denuncias por tortura a nivel federal se han duplicado de 2013 a 2014, a pesar de la implementación de nuevas directrices de investigación y modificaciones en los instrumentos empleados por la PGR. Por su parte, mientras que la PGR respondió no tener cifras duras respecto a las denuncias de 2014 ante una solicitud de información de Amnistía Internacional, la Organización de la sociedad civil Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez estima un aproximado de 10,400 en total. Este tipo de actitudes demuestran la completa evasión de la obligación de prevenir por parte de las autoridades estatales, al no poder siquiera contestar la correspondencia entre los casos ocurridos, a pesar de que las cifras han aumentado significativamente.  

Por otro lado, el informe refleja la preocupación de la organización por la falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura, lo cual suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las cuales lograr una condena. Así mismo, plantea la existencia de un vacío legal que no ahonda en disposiciones específicas para ordenar que los agentes del ministerio público y los médicos forenses oficiales actúen sin demora. Esto se relaciona directamente con la labor médica, en la cual a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido. De la misma forma, las clasificaciones  utilizadas no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas. Así mismo, los informes elaborados a menudo fungen como una medida de impunidad pues demoran indefinidamente las investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena de no ser elaborados a tiempo. 

Finalmente, el informe concluye con una serie de recomendaciones, algunas nuevas y otras retomadas de medidas ya sugeridas con anterioridad. Entre éstas se encuentra la inclusión de disposiciones específicas que permitan un rápido seguimiento de las denuncias de tortura, definir adecuadamente la tortura de acuerdo con los más elevados estándares internacionales, permitir que quienes denuncien haber sufrido tortura y otros malos tratos tengan acceso sin demora a expertos médicos y psicológicos independientes, garantizar que los expertos forenses oficiales, tanto médicos como psicológicos, son totalmente independientes de la PGR y están separados de ella institucionalmente, incluya un órgano específico de supervision, entre otras. 

El informe completo puede consultarse aquí